El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella expidió el decreto madre que declara el estado de emergencia económica por el terremoto de la semana pasada.
Aunque faltan los decretos hijos o decretos legislativos con mayores detalles. El Ejecutivo buscará nuevos recursos para conjurar la crisis a través de operaciones de crédito, regalías, donaciones que ya se están consolidando, fondos especiales y la Sociedad de Activos Especiales.
De otro lado, ampliará el mecanismo de obras por impuestos y otorgará alivios de carácter tributario, aduanero y cambiario que liberen liquidez de los contribuyentes afectados. A través del Grupo Bicentenario se fortalecerán instrumentos como compensaciones de tasas de interés, coberturas, subsidios de comisiones y períodos de gracia. Además, se reorientarán recursos de Coljuegos hacia la salud de los territorios afectados. También se prevé el fortalecimiento de la infraestructura carcelaria regional, el subsidio a las nóminas de las MIPYMES, la continuidad del PAE por fuera de las instituciones educativas impactadas y apoyos al sector hotelero mediante Fontur. En materia de vivienda, se contempla un subsidio familiar por una sola vez.
“El terremoto del 10 de agosto de 2026 constituye un hecho sobreviniente, extraordinario e imprevisible que perturba de manera grave el orden económico, social y ecológico del país”, señala el decreto, al justificar la necesidad de estas medidas.
Regalías y otras fuentes de financiamiento
El decreto establece que las regalías y otras fuentes de financiamiento serán utilizadas de manera extraordinaria para atender la emergencia. “Se emplearán regalías y fondos especiales como instrumentos inmediatos de apoyo financiero”, se lee en el documento, con el fin de cubrir necesidades urgentes en las regiones más afectadas.
Operaciones de crédito
Se prevé la realización de operaciones de crédito, tanto internas como externas, para obtener liquidez rápida. El decreto advierte que la situación de caja es “precaria en extremo”, lo que obliga a recurrir a endeudamiento adicional para garantizar recursos frescos en medio de un déficit fiscal de 7,8 % del PIB y una deuda superior al 60 %.