El Gobierno levantó la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia, mediante el Decreto 1368 del 8 de septiembre de 2026, firmado por el presidente Abelardo de la Espriella. La medida restablece la vigencia de los permisos que se encuentren activos y que no tengan restricciones individuales.
El mandatario divulgó la decisión a través de su cuenta en X, donde señaló que la suspensión general había restringido el porte de armas a ciudadanos que contaban con autorización, mientras que los grupos y personas que operan al margen de la ley continuaban accediendo a armas de manera ilegal.
“Firmé el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia”, indicó De la Espriella.
De acuerdo con el presidente, la decisión parte de la necesidad de diferenciar entre las personas que cumplen con los requisitos establecidos por la legislación y quienes portan armas de manera ilegal. En ese sentido, sostuvo que “esto NO significa porte indiscriminado”, debido a que se mantienen los controles, requisitos y autorizaciones establecidos por las autoridades competentes.
El Decreto 1368 no permite el porte de armas cuyos permisos estén vencidos, suspendidos, cancelados o revocados. Tampoco modifica los requisitos legales existentes para obtener y mantener una autorización para portar armas de fuego.
La decisión también fue sustentada por el Gobierno con cifras de incautaciones realizadas por la Fuerza Pública. Según las cifras entregadas por el presidente, entre el 1.º de enero y el 3 de septiembre fueron incautadas 15.700 armas de fuego en el país.
De ese total, 14.179 armas, según la información divulgada por el mandatario, estaban relacionadas con la comisión de delitos. Además, 980 armas aparecían vinculadas con disidencias, 551 con el Clan del Golfo y 339 con el ELN.
De la Espriella señaló que, entre las armas asociadas con las disidencias, fueron identificados 380 fusiles y 65 morteros de calibre 60 milímetros. Para el presidente, estas cifras representan parte del armamento que debe ser objeto de persecución por parte de las autoridades.
“Ese es el poder de fuego que el Estado tiene que perseguir y destruir”, afirmó.
Con el levantamiento de la suspensión general, los ciudadanos que cuenten con permisos vigentes y sin restricciones individuales podrán ejercer el porte bajo las condiciones establecidas por la normativa. La medida no elimina los controles ni extiende la autorización a quienes no cumplan con las condiciones legales.