El Director designado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Germán Calderón España detalló más hallazgos del Equipo Élite Anticorrupción durante el tiempo del empalme.
Según dijo, un primer caso fue con la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta y el proceso de contratación para el diseño, construcción y funcionamiento de una planta desalinizadora, que “comprometía recursos cercanos a los 786 mil millones de pesos del Ministerio de Vivienda, iniciándose pocas semanas antes de que finalizara el anterior gobierno”.
El jurista reveló que “este caso fue suspendido por la Procuraduría General de la Nación ante solicitud de intervención de ese órgano de control que elevamos desde el Equipo Élite Anticorrupción del Empalme”.
Otro de los casos tiene que ver con la convocatoria a la sesión ordinaria del OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación del 6 de agosto, un día antes del cambio de gobierno, en la que, según indicó “se tenía previsto definir proyectos financiados con recursos cercanos a los 900 mil millones de pesos. Este caso fue también suspendido por cuenta de una solicitud que elevara el equipo anticorrupción y por parte de la Procuraduría General de la Nación”.
El tercer ejemplo se basó en lo que calificó “la engañosa reforma agraria del gobierno anterior”, para lo cual denunció que “la Agencia Nacional de Tierras desembolsó un billón de pesos para la adquisición de predios, amparada en un convenio entre esa Agencia Nacional de Tierras y la Sociedad de Activos Especiales, SAE”.
No obstante, “los análisis parciales y forenses concluyentes y concluyen que en la vigencia de 2025 únicamente tres predios de 537 que estaban previstos titularizar fueron entregados con un registro de propiedad debidamente tramitado ante una notaría. El resto de casos, que supera el 95% de los predios, fueron entregados a los ciudadanos sin un título debidamente legalizado”.
Esto, según advirtió, fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la Nación y disciplinariamente ante la Procuraduría.
Dentro de las denuncias, según Calderón España, está la de los denominados Caminos Comunitarios para la Paz, para los cuales “se identificaron recursos destinados a las Juntas de Acción Comunal para la intervención de infraestructura por más de 612 mil millones de pesos, los cuales derivaron en una muy baja ejecución. En algunos municipios se había girado la totalidad de los recursos a pesar de que las obras no registran avances físicos de ninguna índole”.
“En este caso, el equipo élite anticorrupción elevó denuncia penal y disciplinaria ante las autoridades competentes”.
Se refirió a la compra de servicios de ciberseguridad destinados a diferentes entidades estatales “en un proceso de contratación en el SECOP II con un presupuesto de cero pesos. Sin embargo, el valor estimado de la contratación ascendía a 300 mil millones de pesos, un proceso adelantado por Colombia Compra Eficiente, pero que, por fortuna, fue suspendido por el Procurador General de la Nación ante una solicitud de intervención del equipo élite anticorrupción”.
Finalmente, denunció los hallazgos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), de la que dijo “solo ejecutó el 4.3% del presupuesto durante los cuatro años del anterior gobierno”.
Adicionalmente, se evidenció que “giraron recursos por 856 mil millones de pesos sin ninguna urgencia y se perdió el rastro en 1.38 billones de pesos”.