El Decreto Legislativo 1423 de 2026 establece medidas excepcionales en materia de arrendamiento y propiedad horizontal, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado tras el terremoto del 10 de agosto. La norma busca mitigar los efectos habitacionales y económicos derivados de la calamidad, que dejó más de 36.000 viviendas destruidas y cerca de 202.000 averiadas, además de daños en edificaciones comerciales y de servicios.
En el ámbito de los contratos de arrendamiento, el decreto ordena la suspensión temporal de la ejecución material de órdenes de restitución por un período de seis meses. Esto significa que, aunque los procesos judiciales pueden iniciarse y tramitarse, las diligencias de entrega o lanzamiento no podrán ejecutarse físicamente durante ese lapso, salvo en casos donde se requiera proteger la vida, la integridad de las personas o la seguridad de la edificación. El Gobierno precisó que la medida “no extingue ni condona las obligaciones económicas del arrendatario” y que los propietarios podrán solicitar la restitución si necesitan el inmueble para su propia vivienda o actividad productiva.
El decreto también contempla el aplazamiento temporal del reajuste de los cánones de arrendamiento, con el fin de aliviar la presión económica sobre hogares y comerciantes que vieron reducidos sus ingresos tras el sismo. Esta disposición busca preservar soluciones habitacionales y permitir la continuidad de establecimientos de comercio que cumplen un papel clave en el abastecimiento de bienes y servicios en las zonas afectadas.
En materia de propiedad horizontal, las medidas excepcionales tendrán una vigencia de dos años, considerando que la recuperación de edificaciones requiere procesos técnicos y financieros prolongados. El decreto facilita la adopción de decisiones en las copropiedades, el uso de recursos y la financiación de obras de reparación, reforzamiento o reconstrucción, con el propósito de garantizar la seguridad y habitabilidad de los conjuntos residenciales y comerciales.