El debate de control político se dio sobre las condiciones técnicas, sanitarias, ambientales y jurídicas relacionadas con el eventual piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio para la erradicación de cultivos ilícitos.
Durante la sesión, los representantes conocieron las explicaciones del ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino, quien señaló que el eventual piloto solo podrá avanzar si se verifica de manera estricta el cumplimiento de las condiciones establecidas por la Corte Constitucional, los estándares internacionales y los requisitos previstos en la Resolución 007 de 2026. El ministro indicó que, si alguno de estos requisitos no se acredita, el piloto no podrá iniciar.
Uno de los principales asuntos abordados fue la necesidad de contar con evidencia y controles antes de cualquier aplicación. La discusión incluyó la evaluación de riesgos para la salud y el ambiente, la participación de las comunidades potencialmente afectadas, los mecanismos de seguimiento y las condiciones previas que deben ser verificadas por las entidades competentes.
El Instituto Nacional de Salud presentó información sobre los antecedentes de vigilancia relacionados con las antiguas operaciones de aspersión. Según lo expuesto en la sesión, entre 2003 y 2015 se registraron 93 reportes de posibles afectaciones en 65 municipios. El INS precisó que estos registros históricos constituyen antecedentes de vigilancia y seguimiento y que, por sí mismos, no establecen una relación de causalidad entre la aspersión y las afectaciones reportadas.
También se explicó que el proceso requiere la intervención coordinada de distintas entidades, entre ellas los ministerios de Justicia, Salud, Agricultura y Defensa, el Instituto Nacional de Salud, la Policía Nacional y organismos de control, dentro de sus respectivas competencias. El propósito es que cualquier decisión esté acompañada de evaluaciones técnicas, científicas, sanitarias, ambientales y operacionales.