El Ministerio de Minas y Energía mediante un documento puesto a consideración pública, establece la aplicación del mecanismo de racionamiento desde las 00:00 horas de este martes. De acuerdo con la información oficial, el sistema enfrenta un déficit estimado de 133 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, equivalente a cerca del 13% del consumo nacional.
Del volumen faltante, aproximadamente 30 millones de pies cúbicos por día corresponden a demanda considerada esencial, categoría en la que se incluyen los hogares y pequeños establecimientos comerciales que dependen de este combustible para actividades cotidianas.
Los usuarios industriales y las exportaciones se encuentran en los niveles inferiores de esa escala de atención, por lo que podrían verse afectados primero en caso de que el déficit de gas exija redistribuir volúmenes para garantizar el abastecimiento de los consumidores prioritarios.
La situación se origina en una nueva novedad operativa reportada por la terminal de regasificación de Cartagena, operada por SPEC. La empresa informó que uno de los sistemas encargados de transformar el gas natural licuado importado nuevamente a estado gaseoso presentó una condición que requiere trabajos correctivos especializados.
Como consecuencia de esas labores, la terminal operará durante varios días con una capacidad reducida. Según informó la compañía, los trabajos de reparación podrían extenderse entre seis y ocho días, período durante el cual disminuirá la cantidad de gas que puede ser entregada al sistema nacional.
La contingencia ocurre pocas semanas después de otro evento técnico registrado en la misma infraestructura. Sin embargo, en aquella ocasión las autoridades y los agentes del mercado lograron realizar ajustes operativos y comerciales que permitieron cubrir las necesidades del sistema sin que fuera necesario aplicar restricciones efectivas al suministro de los distintos usuarios.
El racionamiento programado no implica necesariamente cortes inmediatos para todos los consumidores. Se trata de un mecanismo regulatorio que define un orden de prioridades para la asignación del combustible cuando la oferta disponible resulta insuficiente para cubrir toda la demanda.
Bajo este esquema, los usuarios residenciales y los pequeños comercios ocupan los primeros lugares en la lista de prioridad. Después se ubican otros sectores considerados estratégicos, entre ellos algunas actividades relacionadas con el transporte y la generación de energía eléctrica.