Seis establecimientos suspendidos temporalmente, dos personas capturadas e incautaciones de sustancias psicoactivas y armas dejó la Operación Velo, adelantada durante la noche del viernes 30 y la madrugada del sábado 31 de octubre en Bogotá. La intervención, realizada por instrucción del presidente Abelardo De La Espriella, contó con la participación de la Policía Metropolitana, la Alcaldía Mayor de Bogotá y el acompañamiento de inspectores del Ministerio del Trabajo, frente a establecimientos señalados de utilizar presuntamente figuras sindicales para encubrir actividades comerciales y posibles conductas ilegales.
“No vamos a permitir que se utilicen las garantías sindicales para encubrir actividades ilegales. Actuamos con firmeza, respetando los derechos de los trabajadores, la libertad sindical y el debido proceso. La ley es para todos y debe cumplirse”, señaló la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes.
Como resultado del operativo, las autoridades competentes ordenaron la suspensión temporal de actividades de Pandora y Andrómeda, por 90 días; Macallan VIP y Licorera 24 por 7 Maeva, por cinco días; The Flowers Night Club, por siete días, y Kaws Electronic Room, por diez días, en aplicación de la Ley 1801 de 2016. También se reportaron dos capturas por presuntos delitos relacionados con estupefacientes, la incautación de 66 papeletas de una sustancia con características similares al tusi, un gramo adicional de una sustancia reportada con esa denominación, un arma traumática con seis cartuchos y un machete. Las autoridades informaron, además, sobre actuaciones de protección de menores de edad, con cifras pendientes de consolidación.
Según los informes conocidos por el Ministerio del Trabajo, 46 establecimientos en Bogotá han sido identificados por el presunto uso de figuras sindicales para desarrollar actividades comerciales, situación que requiere verificación de las autoridades. La cartera laboral reitera que sus inspectores actúan dentro de sus competencias de inspección, vigilancia y control, mientras que las suspensiones y actuaciones penales corresponden a las autoridades competentes. El Gobierno Nacional continuará articulando acciones para hacer cumplir la ley, prevenir irregularidades y garantizar el respeto por los derechos laborales y las garantías sindicales.